AVANCE: Nuevo informe
sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos
inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El Observatori DESC y
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentarán en septiembre un exhaustivo informe sobre el
estado de la cuestión en materia de ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho
a la vivienda en el Estado Español.
Una de las principales
novedades de este informe es que mostrará nuevos datos sobre la problemática a partir
de 11.561 encuestas realizadas
a personas afectadas que han contactado con la PAH en los últimos dos años. La muestra es interesante, no sólo
por el considerable número de encuestas, sino también por la información
sociodemográfica y de vulnerabilidad social que da de las personas afectadas. Además, también
ofrecerá datos del
comportamiento de las entidades financieras; unos datos que a día de hoy, ni los mismos bancos, ni las
administraciones han querido facilitar.
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca y el Observatori DESC fueron de las primeras entidades que, ya
en 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han
denunciado reiteradamente la falta de unos datos oficiales que permitan entender la dimensión de la
vulneración de los derechos fundamentales que supone el marco normativo actual
en materia habitacional. Así mismo, este déficit de información también
imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las
dos entidades han hecho un gran esfuerzo para
recoger datos estadísticos con
la máxima precisión posible a partir de las personas afectadas que han
contactado a la PAH en algún momento.
Sobre el ámbito geográfico, la encuesta se ha realizado a través de
internet, en castellano y estaba dirigida a todo el Estado. La mayoría de
respuestas son, por orden, de personas que residen en Cataluña, Comunidad
Valenciana, Comunidad de Madrid, y Andalucía. Esta proporción se corresponde de
manera aproximada con los datos del Poder Judicial, los cuales indican que
estas mismas comunidades son las más afectadas. Así, el dato geográfico, junto
con el número de encuestas realizadas, confirman el valor de interés estadístico
de la encuesta.
A la espera del informe
completo que se publicará en septiembre, avanzamos en esta nota algunos datos de
su interés:
1. Del total de personas afectadas, a un 60,8% aun le
queda entre el 80% y el 100% por pagar, y a casi un 20% les queda entre el 60% y el 80%. Este
dato corrobora que, si no se aprueba la dación en pago con efectos retroactivos,
la mayoría de personas afectadas se verán abocadas a mantener una deuda perpetua
en caso de sufrir una ejecución hipotecaria.
2. Un 35,6% declara
tener avales, de los cuales,
la mayoría, un 65,3% son familiares directos (padres o hijos). Así pues, de
encontrarse en una situación de ejecución hipotecaria, en una tercera parte de los
casos, sería más de un hogar el que estaría en juego.
3. La gran mayoría de
las personas afectadas, un 83%, afirma no tener otra vivienda, ni de propiedad,
ni de alquiler, en la que alojarse en caso de desahucio.
4. En el 70% de los
casos, el motivo de impago de la hipoteca es el paro. El resto está relacionado con el aumento de la cuota
hipotecaria, la suma de otras deudas o la separación por divorcio.
5. Perfil de las
personas afectadas I: el 82% son nacidas en el Estado Español. Entre las personas nacidas en otros países, la
comunidad más afectada es la ecuatoriana con un 4%. El nivel educativo es elevado: el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24%
cuentan con estudios universitarios. Estos datos por sí solos ya desmienten la
imagen que se ha querido dar en ocasiones de que este es un problema de
“personas inmigrantes e ignorantes”. Los datos muestran todo lo contrario.
6. Perfil II: La mayoría de hogares afectados, el 61,1%, se
componen de tres o más miembros. Cerca de un 75% de los hogares tienen al menos un menor
de 18 años. Un 31,6% de los hogares
tienen una o dos personas mayores de 65 años.
7. Perfil III: Un 19,2% se encuentra en paro con una
prestación, mientras que un 25,7% de las personas afectadas están en una situación
de máxima vulnerabilidad al no disponer de trabajo o no cobrar la prestación
del paro. En conjunto predomina la
situación de precariedad laboral, y solo un 22,5% tienen trabajo con contrato indefinido.
8. Para 1/3 de las
personas afectadas en algún momento la cuota de la hipoteca ha supuesto el total
de los ingresos familiares. Para
más del 40% supone más del 60% de los ingresos. Estos porcentajes están muy alejados de las recomendaciones de
Naciones Unidas, las cuales indican que el gasto de la vivienda nunca debería superar, como
máximo, un 30% de los ingresos. Y lo que es más grave: implican que el pago de la vivienda compromete
el acceso a otras necesidades básicas.
9. Impactos en la salud y necesidades básicas: un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido
un nivel de ansiedad alto. Sobre otras necesidades comprometidas, la mayor
dificultad se concentra en el pago de la ropa (70%), los suministros del hogar
(65%) y los alimentos (45%).
10. Comportamiento de
las entidades financieras I: las
personas afectadas se concentran entre el grupo BBVA, con un 15,9%; Bankia, con
un 15,2%; Santander (+UCI), con un 14,2%; Caixa Bank, con un 13,8%; Catalunya
Caixa, con un 9,8%. Cabe destacar que Bankia y Catalunya Caixa son entidades
rescatadas y nacionalizadas con dinero público. Destacar también que
oficialmente se ha querido presentar a BBVA y a Santander como entidades
ejemplares, y, en cambio, entre las personas afectadas de la PAH, lideran las
hipotecas con problemas de pago, así como las ejecuciones hipotecarias.
11. Comportamiento de
los entidades financieras II: el
84% de las personas encuestadas intentaron negociar con el banco para encontrar
una solución, y el 93,1% considera negativo el resultado de ese intento. En
general, un 92% se considera insatisfecho/a con el trato recibido.
12. Objetivos de las
personas afectadas: a la
pregunta “¿qué espera conseguir con la movilización de la PAH?”, un 75% ha
respondido la dación en pago, un 50,4% el alquiler social, un 43,9% una renegociación,
un 33,8% la condonación, y un 16% “otros”.
Estos son sólo algunos de
los datos del informe que se presentará este próximo septiembre. Como se puede
ver, los datos son
alarmantes: la grave vulneración del derecho a al vivienda que se produce desde hace años en el Estado Español está provocando la
vulneración de otros derechos fundamentales, como
son la salud, la alimentación o los derechos de los niños.
Por eso, el informe final se acompañará
de un análisis del marco normativo, con especial atención en las novedades
legislativas de los últimos meses, así como de unas recomendaciones finales
para reorientar las políticas públicas de cara a parar los desahucios y hacer
efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
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