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ESTADO DE ALARMA POR EL "COVID-19":

Las Asambleas quedan suspendidas hasta que no se estabilice la situación

sanitaria en relación al Covid-19 / Coronavirus.

domingo, 14 de junio de 2020

Botella se va de rositas.

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución definitiva de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y de su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas a un 'fondo buitre' al rechazar la queja que planteó la edil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina. Así consta en un auto en el que los magistrados desestiman el recurso interpuesto por la concejal González Fernández contra el auto de 11 de diciembre de 2019, dictado por el Tribunal de Cuentas. Así, se declara bien denegada la preparación del recurso de casación, debiendo ponerse "esta resolución en conocimiento del expresado Tribunal para su constancia en los autos".
¿JUSTICIA IGUAL PARA TODOS?
Por favor, no nos hagáis reír
(por no llorar)

Noticia completa aquí:
El Supremo confirma la absolución de Ana Botella por la venta de pisos públicos a un fondo buitre.

El Supremo confirma la absolución de Ana Botella por la venta de pisos públicos a un fondo buitre

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sábado, 30 de mayo de 2020

Ingreso muy por debajo del Mínimo Vital.

El Ingreso Mínimo Vital que aprobó el Gobierno de España es una prestación que supone una medida de justicia social y eficiencia económica en nuestro país, sin embargo hará falta mucho más.
Es un primer paso, pero por si sola es ineficaz e insuficiente, tal y como diversos colectivos sociales vienen advirtiendo desde el inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria. Las administraciones públicas en España, dedican alrededor de 18.000 millones de euros a las prestaciones no contributivas o asistenciales (rentas mínimas, subsidios por desempleo, PNC, etc). Las rentas mínimas de las CC.AA. similares a la propuesta del Gobierno, están dotadas con unos 1.500 millones de euros que como viene denunciando la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, solo cubren al 7’6% de la población que en nuestro país vive por debajo del umbral de la pobreza.

Se prevé que la dotación del IMV sea de 3.000 millones, cifra que está lejos del compromiso electoral de las dos fuerzas políticas que componen el Gobierno, 6.000 millones (Ingreso Mínimo Vital-PSOE) y 10.000 millones (Ingreso Básico Garantizado-Unidas Podemos) respectivamente. Constituye una afrenta a las personas que sufren el paro, la pobreza o la precariedad, que las cantidades que se indican ahora, tras la gigantesca crisis socio-sanitaria del coronavirus, estén muy por debajo de lo prometido.

Pretender que, en las circunstancias derivadas del confinamiento, con millones de personas despedidas, sin la válvula de escape que supone la economía sumergida (el 22% de la economía española) y con la situación de pobreza o exclusión social que ya afectaba antes de la crisis a un 26% de la población, se pueda hacer frente con este ingreso mínimo es un disparate.

Por otro lado las condiciones que se tienen que cumplir para recibir tanto el IMV como el resto de rentas condicionadas, señalan el carácter restrictivo con el que se conciben estas ayudas. En el caso de la propuesta del Gobierno el principal requisito es que los ingresos mensuales de la unidad familiar que opta a la prestación sean inferiores a la cuantía de ayuda que le correspondería. Así, una persona podrá acceder a esta ayuda si tiene un ingreso por debajo de los 230 euros; pero también podrá hacerlo en función de la renta del hogar siempre y cuando la media de ingresos de cada individuo está por debajo de los 450 euros. Se ha publicado en prensa que esta dotación podrá ser compatible con otras prestaciones autonómicas y que se dará un incentivo, aún por determinar, a quienes logren otros ingresos. ¿Qué ocurre entonces con aquellas personas que trabajan ‘por suerte’ un cuarto o media jornada laboral y por lo tanto no puedan acceder a la ayuda, cuando sabemos que incluso quienes trabajan a jornada completa tienen salarios que no les permiten llegar a final de mes? ¿Qué ocurre con aquellas que reciben una prestación no contributiva o ayuda familiar que tampoco les permite vivir dignamente?
En resumen, es una renta mínima miserable y miserabilista.

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domingo, 17 de mayo de 2020

Los fondos buitres atacan a los más débiles y en el peor momento.

Blackstone ha decidido aprovecharse del estado de alarma y el parón judicial para orquestar una macrodemanda por impago en Torrejón, que afectaría a mil personas. La entidad está preparando el terreno para interponer una demanda de desahucio en cuando todo esto pase y se reabran los juzgados. Esto por supuesto contraviene el Real Decreto del Gobierno, pero también atenta contra cualquier principio humano básico, pero es que el capital no conoce la compasión y es capaz de utilizar la situación del confinamiento para provocar desahucios, algo que podría ser ilegal e incluso criminal. Desde luego es una actitud repugnante e inhumana que no dejaremos de denunciar desde nuestra plataforma antidesahucios.

Todos estos fondos actúan de acuerdo a su nombre, como aves de rapiña sin ninguna vocación de implantarse ni contribuir en el desarrollo del país, tributan fuera y no conocen la responsabilidad social corporativa. Ahora durante la crisis están de triste actualidad por ser artífices de la desastrosa  gestión en las residencias de mayores de su propiedad.
El problema es que se les ha dado cancha desde el PP en la Comunidad de Madrid, y de esos polvos vienen estos lodos.

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viernes, 15 de mayo de 2020

El 90% de las solicitudes son denegadas por la banca.

En marzo, con el estado de alarma ya en vigor, el Ejecutivo anunció diferentes medidas para ayudar a los afectados por la pandemia del coronavirus, entre ellas una moratoria en el pago de la hipoteca y de la renta del alquiler, que se deben solicitar a bancos y grandes tenedores. Sin embargo, 9 de cada 10 solicitudes de aplazamiento del pago del préstamo están siendo denegadas por la banca al no cumplir los supuestos de vulnerabilidad, según la Coordinadora de Vivienda de Madrid (que aglutina asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios y Asambleas de Vivienda de la Comunidad de Madrid). El Banco de España asegura que en el primer mes de moratoria solo han salido adelante el 29% de las solicitudes de moratorias hipotecarias.Miles de inquilinos e hipotecados que habían visto en las ayudas aprobadas por el Gobierno un salvavidas para pagar la vivienda en plena crisis del coronavirus se están encontrando con una mala noticia: no cumplen las condiciones para acceder a la moratoria. El problema no está en las ayudas en sí, sino en que los requisitos para conseguir la moratoria son muy exigentes, por lo que prevén un aluvión de solicitudes denegadas de miles de familias afectadas.

Lo mismo ocurre con las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León, cuyo plazo se ha abierto este jueves 14 de marzo, provocando bastante afluencia de personas en plena fase 0, debido a que estas ayudas se conceden por orden de solicitud y desgraciadamente no van a llegar para todas las familias.



sábado, 9 de mayo de 2020

Ayudas para minimizar el impacto económico del Covid-19 en el alquiler.

El jueves 7 de mayo se publicaron en el B.O.C.y L. las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
El objeto de esta orden es convocar ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, para las personas arrendatarias de una vivienda habitual ubicada dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID–19, tengan problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler, o para hacer frente a la devolución total o parcial de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020,  31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Beneficiari@s: personas físicas mayores de edad, arrendatarias de vivienda habitual, en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID19, que reúnan los requisitos: 

- A partir del 14 de marzo de 2020, encontrarse en alguna de las situaciones de:
        Desempleo
        Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
        Reducción de jornada por cuidados
        Cese de actividad en caso de trabajador por cuenta propia
   Otras circunstancias similares vinculadas a la actividad laboral o empresarial.

        De tal forma que los que los ingresos netos de la unidad familiar no superen 3, 4 o 5 veces el Indicador Público de   Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM),  en función de diversas situaciones.

- Que la renta más los gastos y suministros básicos, sea igual o superior al 35 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar. 
- Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
- Estar al corriente de pago de la renta de alquiler correspondiente a las tres últimas mensualidades
- Que la vivienda arrendada esté situada en la Comunidad de Castilla y León y constituya la residencia habitual de la persona arrendataria.  

Plazo de solicitud: del 14 de mayo al 30 de septiembre de 2020.

Las gestiones se deberán hacer de preferencia a través de la web:

Resumen:

Orden:

martes, 21 de abril de 2020

Prohibir desahucios enfría el mercado.

Para el PP gallego prohibir desahucios durante la pandemia "enfría el mercado y perjudica a los (grandes) propietarios", refiriéndose a fondos inmobiliarios, buitres o de inversión, por supuesto.
La señora Ángeles Vázquez Mejuto conselleira de vivienda de la Xunta, ha dirigido una carta al ministro José Luis Ábalos en la que se queja de que Galicia no haya sido informada con antelación de los planes del Gobierno para impedir que los dueños de los pisos puedan echar a sus inquilinos si, como consecuencia de la situación económica, no son capaces de afrontar el pago de los alquileres.
La conselleira apoya sus argumentos en las quejas recibidas desde el sector inmobiliario: "Estas preocupaciones nos fueron trasladadas por los representantes de los intermediarios inmobiliarios que operan en la comunidad autónoma, administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria". Sobre la postura al respecto de los sectores desfavorecidos, de otros colectivos como la PAH o de las plataformas antidesahucios, la conselleira no introduce ni una palabra. ¿Queda claro de parte de quién están los dirigentes gallegos o se puede ser más sinvergüenza que el PP de Galicia?.

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miércoles, 15 de abril de 2020

La banca ataca de nuevo.

PAH Palencia nos hacemos eco de este artículo publicado recientemente en la cadena SER de nuestra ciudad.
Desde que salieron las medidas aprobadas por el Gobierno debido a la crisis del Covid19, con los créditos ICO, los autónomos y pymes vieron esa vía de escape para poder hacer frente a lo que se les venía encima. Ya que deben seguir pagando a sus proveedores y todos los servicios básicos de una empresa.
La línea de avales aprobados por el gobierno están orientados a salir de la crisis del coronavirus y evitar así el cierre de miles de empresas por cese de la actividad. Por ello los bancos deben trasladar las condiciones tal cual, evitando generar lucro alguno. Sin embargo, lejos de ello, algunos están aprovechando para hacer su particular "agosto", ofreciendo financiación que pueden llegar a incrementar hasta el 5% de interés y algunas entidades tienen hasta un 1,50% de comisión de apertura e incluso un 3% de cancelación anticipada, según el artículo... o sea, haciendo dinero de una situación dramática.
En momentos así los bancos no debieran abusar de los autónomos y pymes. Parecen olvidar que la sociedad española, todas y todos, les rescatamos en su día.

Y para más inri, Ayuntamiento y Diputación de Palencia han propuesto una medida -ayudar a pagar intereses a quien tenga créditos ICO- que en vez de dirigirse a pymes y autónomos, va a engrasar más aún la maquinaria bancaria. Significa que con dinero público se apoyará que la banca privada no pierda dinero. Ya vemos de parte de quien está quienes gobiernan!


jueves, 9 de abril de 2020

Feliz día de la Sanidad Pública

Al igual que ocurre con el derecho a una vivienda digna, que debería garantizarse con más vivienda pública, la sanidad es un derecho básico y no debe privatizarse. Los hechos paralelos entre diversas crisis que siempre pagamos las mismas, las de abajo, nos dan la razón:
En 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria vimos cómo se ponen vidas en riesgo cuando el mercado inmobiliario y los bancos especulan con los bienes de primera necesidad que son nuestras casas. Y desgraciadamente ha habido muchas muertes por suicidios que realmente son asesinatos de este sistema, propiciador de crisis-estafas. Igualmente ahora con la crisis del Covid19 estamos viendo que externalizar servicios basicos como la producción de mascarillas o trajes de protección de los sanitarios a empresarios textiles que tienen su producción fuera de España, solo sirve para el desabastecimiento o en el peor de los casos, para que esos empresarios oculten el material y así hacer negocio con vidas humanas.

Al igual que venimos demandando desde las PAHs que Bankia rescatada con dinero público, debería ser un banco público, lamentablemente ahora, con esta nueva crisis del Covid19 hemos aprendido que los recortes de décadas de la salud pública para beneficio de unos pocos empresarios están provocando un coste en vidas inadmisible. La reducción de personal de la salud pública por el PP y sus socios (pero no solo lo ha hecho el PP) en beneficio de la privatización, ha servido para que hoy tengamos que sufrir falta de camas o UCIS al borde de la saturación.
Lo mismo ocurre al abandonar a nuestros mayores en residencias privadas sin preocuparnos si se cumplen unos mínimos derechos humanos o de dignidad, puesto que la avaricia puede costarle la vida a nuestros seres mas queridos y vulnerables.

En definitiva, la sanidad pública -como la vivienda- es un derecho de todas en el que nos va la vida. Por ello no puede depender de las limosnas de aquellos que han deteriorado los servicios y los derechos básicos de la ciudadanía.
La salud y la vivienda son derechos que deben garantizarse con impuestos, para tener un margen y una seguridad que permitan afrontar momentos como éste. Ya que el sistema capitalista en que vivimos y sus medidas y politicas neoliberales NO están garantizándonos esos derechos.

Debe ser el Estado quien proteja dichos derechos y no empresas privadas. Debemos exigir las herramientas para que el Estado cumpla con su cometido de preservar derechos básicos, por encima de los intereses económicos de las corporaciones y multinacionales

FELIZ DIA DE LA SALUD PÚBLICA, DEFIENDE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PUES HOY SABEMOS QUE NO DEFENDERLOS ES DEJAR ATRAS A LAS PERSONAS QUE MAS QUEREMOS


lunes, 6 de abril de 2020

Criterios excesivos para acogerse a la moratoria

Sólo un pequeño porcentaje de las solicitudes cumpliría los criterios para no tener que pagar deudas hipotecarias durante tres meses, según cálculos de la asociación de afectados por productos financieros ASUFIN. Una cifra insuficiente comparada con los estragos económicos que les está causando la crisis del coronavirus a muchas familias.También ADICAE alerta de los problemas para recopilar toda la documentación exigida para acreditar las condiciones de acceso a la moratoria, que pueden llevar al fracaso o grave limitación de la eficacia de la medida. Así, los consumidores/as afrontan dificultades para acceder a documentación que deben facilitarles las administraciones locales (certificados de empadronamiento), los Registros de la Propiedad, y otros, dado que no todos los usuarios disponen de certificados digitales, lectores de DNI electrónico, o simplemente no saben cómo hacerlo.
Es por ello que diversas asociaciones están pidiendo que sea suficiente con cumplir solo una parte de los criterios para que el banco deje de pasar temporalmente la cuota de hipoteca. Ya que para cumplir los cuatro supuestos hay que estar poco menos que en la ruina.

Leer noticia completa aquí:
https://m.eldiario.es/economia/Moratoria-asufin_0_1012798948.html


sábado, 4 de abril de 2020

Medidas necesarias pero insuficientes.

Entrevista a nuestro comPAH Teo en el diario palentino, valorando las medidas recientemente aprobadas por el gobierno en relación a la crisis del Covid19.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca valora las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez «siempre y cuando se vayan ampliando y tengan su continuidad dentro de seis meses». Así lo cree su portavoz, Teo Villahoz. «De entrada nos parecen buenas para lo que se había hecho hasta ahora. Lo que sí que nos parecen son insuficientes», recalca.
La PAH ve muy positivas medidas como la suspensión, hasta seis meses después de la finalización del estado de alarma, de todos los desahucios, o la puesta en marcha de un sistema de microcréditos del ICO para hacer frente al pago de los alquileres, con un margen de hasta 10 años para su devolución, y al que se podrán acoger los parados, los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo o los autónomos que hayan perdido gran parte de sus ingresos.
Respecto a que los inquilinos podrán acogerse a una moratoria o aplazamiento del pago de las mensualidades, que será automática para los inquilinos de pisos que pertenecen a grandes propietarios y durará hasta que termine el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses, «también es una buena medida», resume Teo Villahoz.
«Eso sí, siempre y cuando se vayan tomando más medidas, porque cuando pasen estos seis meses  la economía no se va a recuperar de la noche a la mañana», advierte. En este sentido, el portavoz de la plataforma antidesahucios recalca que en pleno 2020, «el país aún no se ha recuperado de la crisis económicas que padeció en 2008».
«Está todo el país paralizado y tenemos dudas de que dentro de medio año se haya logrado reactivar de nuevo la economía. Nos han dicho que el Estado va a ingresar un 20% del PIB del país más lo que llegue de Europa, bien sea de una forma, con el consenso de todos los países europeos, o de otra, accediendo al mecanismo de rescate». «Por eso decimos que, ahora mismo, esas medidas son necesarias y están muy bien, pero el verdadero problema surgirá dentro de medio año si no se siguen tomando decisiones porque hay gente que perderá su empleo y ya viene arrastrando la crisis de 2008».
«Ahora, por lo menos, se ha agarrado al toro por los cuernos en materia de vivienda, porque desde el inicio de la anterior crisis solo se ha colocado parches sobre parches. Ahora no hay que soltarlos», sentencia Teo Villahoz.