Cambio del nº de móvil y dirección.

*** Cambio de número de móvil de la PAH Palencia. | Nuevo: 688 920 833.



Las Asambleas serán en el Consejo Provincial de la Juventud (Junto a la estación de autobús), el Miércoles a las 19:00 horas (7 de la tarde), excepto festivos o periodo de vacaciones.

lunes, 22 de enero de 2018

OBJETIVOS DE PAH PALENCIA PARA LA MESA DE LA VIVIENDA.



Con motivo de convocarse al fin una nueva Mesa de la Vivienda el próximo martes 23, la PAH de Palencia se concentrará a las puertas del Ayuntamiento a las 17:15 h de la tarde, para exponer los objetivos que espera ver cumplidos:

1- Por un lado, quisiéramos que todas las entidades bancarias formaran parte de dicha Mesa, pues salvo alguna excepción, no es así. En concreto, quisiéramos que CajaDuero/Ceiss y Bankia estuvieran representadas y nos extraña que ningún partido político, ni tan siquiera el gobernante, sea capaz de sentar a un interlocutor de Bankia, cuando es una entidad rescatada con dinero público.
2- Así mismo, otro objetivo es poder acceder al listado de viviendas vacías propiedad de la Junta de Castilla y León, y de sus diversas entidades (como SOMACYL, por ejemplo) así como del estado español (MOPU), que se haga público dicho listado. Recordemos que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene 1.600 viviendas en Castilla y León y que la creación de un parque público de viviendas es un servicio de interés general que debe nutrirse con viviendas de la SAREB, además de los organismos citados anteriormente.
3- La tercera aspiración es que se establezcan los criterios de asignación de viviendas a personas y familias con ingresos reducidos o en riesgo de exclusión, y que dichos criterios se apliquen.
4- Y por último y no menos importante, que varias familias en viviendas precarias y con necesidad urgente de solución, por fin la vean. Son tres casos; dos relativos a pisos de la Junta de Castilla y León y otro es una vivienda propiedad de Bankia. Nos consta que otras situaciones más complejas se han resuelto por parte de la Junta Castilla y León, motivo por el cual la Junta de Castilla y León debería zanjar los problemas de estas personas deudoras de buena fe y que demuestran querer pagar un alquiler.

Además, deseamos que todo lo firmado o acordado hasta ahora, se siga respetando y sobre todo que se lleguen a acuerdos reales, puesto que desde la PAH consideramos que se han cumplido y se ha mejorado los compromisos, como ejemplo el último adquirido con el concejal de Servicios Sociales por el que desde la PAH filtramos los casos nuevos que van llegando de personas que necesitan una vivienda, confirmamos que son deudores de buena voluntad, ayudando en esto a los CEAS.

Finalmente, la plataforma antidesahucios de Palencia agradece a los partidos en la oposición del Ayuntamiento, la moción aprobada en el Pleno del pasado noviembre. Esperemos que facilite el acceso a una vivienda digna en alquiler social para personas con pocos ingresos, pues actualmente es difícil encontrar una vivienda digna con un alquiler por debajo de los 350 €.



Para más información llamar al: 648 657 739


Enviada Nota de Prensa a los medios de Comunicación el lunes, día 22 de Enero de 2018.


domingo, 10 de diciembre de 2017

INDICE IRPH, LA ESTAFA CONTINUA.

El índice IRPH afecta a millon y medio de familias en España y encarece ostensiblemente sus hipotecas. No es una tasa como el Euribor y por ello, segun los expertos puede ser inflado artificialmente, con los consiguientes riesgos de fraude.

El Congreso debería determinar la nulidad del IRPH, para que las familias afectadas pudieran recibir una compensación económica por las cantidades estafadas... pero Ciudadanos votó en contra de esta última propuesta y el PP votó en contra de todo (tanto de sustituir el índice IRPH por otro más equitativo como de dar una compensación económica a las personas afectadas).

Como en España la banca siempre gana, finalmente, parece que se tendrá que llevar la cuestión al Tribunal Europeo de justicia, TJUE, que es quien está aportando algo de luz y esperanza con sentencias razonables en materia de vivienda... todas las sentencias razonables imposibles de encontrar en nuestro país.

----

Expertos en derecho hipotecario y el propio Congreso
de los Diputados cuestionan la validez del índice IRPH

Mientras un millón y medio de familias afectadas y muchos expertos esperan conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre un recurso estimado a Kutxabank contra una sentencia que había declarado nula la cláusula de IRPH, las reacciones frente a este índice no han dejado de producirse en estos días. Un índice que encarece las hipotecas y que afecta a casi un millón y medio de familias en estos momentos.
Abogados expertos en derecho hipotecario convocados por Asociación Española en Derecho de Consumo están plantando cara a la banca. Posado general tras acabar el Congreso.
En este contexto de expectación, el Congreso de los Diputados pedía su supresión para los préstamos hipotecarios de las Viviendas de Protección Oficial  (VPO). Por su parte, diferentes expertos reunidos en el I Congreso de Derecho de Consumo creen que habrá batalla y que el asunto acabará en cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobaba este miércoles 29 de noviembre la Proposición No de Ley presentada por el Partido Socialista que insta al Gobierno a retirar el IRPH como indicador de referencia de los préstamos hipotecarios protegidos VPO, y sustituirlo por otro indicador o procedimiento de cálculo “más justo y orientado a su función social”.

Para estos expertos  el IRPH ha fracasado como índice de los préstamos hipotecarios de las viviendas protegidas. La propuesta, defendida por la portavoz socialista Mar Rominguera, fue aprobada con los votos a favor de PSOE, UP-ECP-EM, Ciudadanos y Compromís; y los votos en contra de PP y PNV.

Por otra parte, con los votos en contra de PP, PNV y Ciudadanos, no ha podido salir adelante otro punto de la iniciativa que defendía la adopción de medidas compensatorias por lo pagado de más en intereses por las familias afectadas durante los pasados años.

El cambio de voto en este punto por parte de Ciudadanos fue matizado por su portavoz, M. A. Garaulet, reafirmando su compromiso con los afectados de la supresión retroactiva de la subsidiación, para los que sí que vería adecuada la adopción de medidas compensatorias.

Asimismo, la diputada Lucía Martín de UP-ECP-EM, que apoyó  tanto la supresión del IRPH en los planes de vivienda como la adopción de medidas compensatorias, coincidió con el informe del Defensor del Pueblo en que las personas afectadas por esta situación han sufrido un “doble abuso”, por un lado, la supresión retroactiva de las ayudas de subsidiación y, por otro, la aplicación del IRPH en lugar del Euríbor.

El mencionado informe del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, del pasado 17 de octubre, recomendaba promover la supresión del IRPH de entidades como índice oficial de referencia para la aplicación como tipo de interés de los préstamos convenidos y sustituirlo por el Euribor u otro índice oficial, con el propósito de corregir los efectos de cláusulas potencialmente abusivas, y considerando que ha sido declarado nulo por sentencias judiciales y por la Unión Europea.

Cuestión prejudicial en Europa

A nivel de expertos en derecho hipotecario, crece el ansia de conocer los fundamentos jurídicos de esta sentencia que sin conocerse ya está siendo cuestionada. Desde Stop Guipúzcoa, plataforma ciudadana que fue la parte contraria a Kutxabank se indica que se trata de una muy mala noticia para todas las personas afectadas por este índice, por lo que del IRPH , Stop Gipuzkoa hace una valoración negativa.

Desde esta plataforma se manda un mensaje de ánimo a todos los afectados. Se es consciente que se ha perdido una batalla importante, aunque destacan que “la guerra contra este abuso no ha terminado. Seguiremos peleando hasta conseguir la devolución de las cantidades cobradas y las viviendas desahuciadas por la aplicación de este índice criminal”.

Expertos en derecho hipotecario confían en que el TJUE le indique al Supremo, como ya pasó con las cláusulas suelo, la abusividad del índice IRPH que ahora pone en duda

El asunto del índice IRPH fue también uno de los protagonistas de la segunda jornada del I Congreso de la Asociación de Derecho de Consumo. La letrada Rosana Pérez Gurrea, colegiada en La Rioja, fue la experta que impartió dicha ponencia “en estos momentos la línea a seguir del Tribunal Supremo en materia de IRPH es diferente a su planteamiento en hipotecas multidivisa”, aclara.

Frente a ello hay dictámenes del Banco de España que señalan que este índice es manipulable.

Reconoce que el planteamiento en IRPH ha sorprendido la postura del Supremo “señala que toda hipoteca referenciada a un índice como éste considera que hay falta de abusividad y de transparencia, sin embargo habrá que ver la sentencia y estudiarla a fondo para conocer sus fundamentos jurídicos”.

Para este jurista, habrá cuestión prejudicial en el futuro y será “como ya pasó en cláusulas suelo el TJUE quien marque la jurisprudencia a seguir”.  Al mismo tiempo se especula con que pueda haber algún voto particular discrepante de la línea de fondo.

Desde su punto de vista podría haber un paralelismo con el tema de las cláusulas suelo “aquella sentencia del Supremo de 9 de mayo del 2013 consideraba que atendiendo a las circunstancias del caso y atendiendo a la falta de transparencia se puede alegar su abusividad. A ver si en lo relacionado con el IRPH nos deja una puerta abierta para defender a los consumidores basada en la falta de información y de transparencia de la entidad financiera”.

Para Víctor Sánchez, abogado, especialista en derecho de consumo del Colegio de Abogados de Murcia y asistente a este Congreso  “mientras que el Supremo con un fallo reciente ha abierto el camino en las reclamaciones de hipotecas multidivisa siguiendo criterios del TJUE , en cuanto a IRPH la cuestión se ha complicado con el fallo filtrado que perjudica a los consumidores. Estamos expectantes a conocer la fundamentación jurídica de este asunto”.

En opinión de este experto, a nivel de IRPH, “da la sensación que los tribunales tendrán que ver con detalle cada asunto. Al mismo tiempo, se tiene la impresión que esta cuestión del IRPH acabe en el TJUE de nuevo como así fue con las cláusulas suelo en su momento. Lo que conocemos de este fallo del Supremo cuestiona que este índice deba tener un control de transparencia”, destaca.

+ Información: >>> Periódico Digital "Confilegal"

viernes, 8 de diciembre de 2017

ESPAÑA PUEDE SUFRIR UNA MULTA DE 105.000 €/DIA POR NO ADAPTAR LA LEY HIPOTECARIA EUROPEA.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría poner una multa a España de 105.000 euros al día a petición de la Comisión Europea por no haber introducido todavía en la legislación nacional la directiva europea sobre contratos de crédito hipotecario, cuyo objetivo es reforzar la protección de los consumidores que firman una hipoteca.

El plazo límite para trasponer la directiva europea a las legislaciones nacionales acabó el 21 de marzo de 2016, y desde entonces el Gobierno español ha recibido dos toques de atención desde la UE.
Adivinen quiénes vamos a pagar la multa, que implica 823 euros por español/año por inclumplir la normativa...

----

Bruselas pide una multa diaria a España de 105.000 euros por el retraso de la ley hipotecaria.

La sanción empezaría a contar a partir del día en que se publique la probable sentencia del TJUE y no se detendría hasta la aprobación formal de la ley.

La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que imponga a España una multa de 105.991 euros por cada día de retraso para reformar la ley hipotecaria, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre y que ahora tiene que superar los trámites correspondientes en el Congreso y en el Senado.

Según publica Europa Press, así se desprende del recurso presentado por el Ejecutivo comunitario ante la Justicia europea el pasado 27 de septiembre, en el que solicita que se imponga esta sanción diaria desde el momento en que el TJUE corrobore en una sentencia el incumplimiento de la obligación de adoptar o notificar las disposiciones necesarias para cumplir con la directiva sobre contratos de crédito.

Esta normativa europea debía haber sido traspuesta por los Estados miembros a sus legislaciones nacionales antes del 21 de marzo de 2016, pero en el caso de España su aprobación se vio entorpecida también por las dificultades de formar gobierno y la repetición de las elecciones generales.

Finalmente, la Comisión Europea denunció a España ante el TJUE en abril de este mismo año, junto a Croacia, Chipre y Portugal, por retrasarse en su obligación de adaptar sus normativas nacionales a las disposiciones recogidas por la directiva europea.

Por ello, Bruselas pide al tribunal que declare que España ha incumplido las obligaciones recogidas en esta legislación y propone que se imponga una multa “coercitiva” diaria de 105.991,60 euros. El importe, defiende el Ejecutivo comunitario, se ha calculado “teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasorio en función de la capacidad de pago” de España.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, pero la norma debe superar los trámites parlamentarios para ser aprobada formalmente.

+ Información: En la noticia del "El Boletin" >>> http://bit.ly/2y7HU46


miércoles, 6 de diciembre de 2017

¿ALGO QUE CELEBRAR EN EL 39 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN?.

No olvidamos que hace ya un año que falleció Rosa en Tarragona, al incendiarse su vivienda porque usaba velas para poder tener luz y algo de calor, ya que la compañía eléctrica le había cortado el suministro en pleno invierno. Parece que nuestros dirigente no han aprendido.

En el aniversario de la constitución, diversos derechos recogidos en la Carta Magna NO se cumplen. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y tienen derecho a agua corriente, luz y calor en sus casas, y sin embargo las sentencias de determinados jueces impiden que se apliquen leyes autonómicas que eviten los cortes de luz.

En pleno siglo XXI esto tiene un nombre: VERGÜENZA.

----

Anulado el protocolo de la Generalitat que impide cortar la luz a los pobres.
Una jueza estima el recurso de Endesa contra esta medida antipobreza energética.
El Periódico | Barcelona - Martes, 05/12/2017

El incumplimiento de la prohibición de cortar el suministro eléctrico a una persona sin antes comprobar que no se encuentra en situación vulnerable, recogida en la ley catalana contra la pobreza energética, estuvo detrás de la muerte de una anciana en Reus en noviembre del año pasado. Estaba atendida por los servicios sociales del municipio y pese a ello se le cortó la electricidad. No tuvo más remedio que iluminarse con velas. Una de ellas causó el incendio que la mató. Una jueza de Barcelona ha anulado ahora el protocolo impulsado por la Agència Catalana de Consum para facilitar la aplicación de esta medida recogida en la ley 24/2015 por un defecto de forma y de competencias, aceptando de este modo el recurso interpuesto por Endesa.
En su sentencia, el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona entiende que el protocolo que impide a las energéticas cortar la luz sin informe previo de los servicios sociales no está previsto en ninguna norma ni reglamento ni ha sido suscrito por las compañías.

La magistrada sostiene en su sentencia, que es recurrible, que la prohibición de interrumpir los suministros no puede ser establecida por un protocolo que fija "ex novo" obligaciones para las empresas "no previstas en norma legal ni reglamentaria alguna".

Grave situación

"Esta juzgadora no desconoce la grave situación en que se encuentran las personas en riesgo residencial", añade la jueza, que insiste en que cada administración "debe actuar en el ejercicio de sus competencias".

Por ese motivo, mantiene que la Generalitat y los ayuntamientos pueden aprobar ayudas para las familias vulnerables con riesgo de corte de suministro eléctrico, pero no acordar medidas que afecten a competencias estatales. La sentencia reprocha la "defectuosa técnica legislativa" con la que se confeccionó el protocolo de pobreza energética y advierte de que no se puede "redactar confusamente un precepto legal" para evitar su impugnación a través de un recurso de inconstitucionalidad.

La juez considera que el protocolo, que establecía posibles sanciones para las empresas energéticas que lo incumplieran, es "un acto nulo de pleno derecho", dado que no ha sido aprobado por el gobierno de la Generalitat.

Ante este revés judicial, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya y la Alianza contra la Pobreza Energética han recordado que la ley catalana contra la pobreza energética sigue vigente e impide hacer cortes a personas en situación vulnerable. El protocolo, han añadido, "servía solo como guía para los ayuntamientos y los servicios sociales y establecía básicamente el procedimiento de comunicación entre las compañías eléctricas y las administraciones públicas", y aunque estaba suspendido cautelarmente desde hace un año, la ley se ha seguido aplicando, ha explicado la APE en un comunicado.

Endesa, por su parte, ha señalado que que sigue trabajando con las administraciones para afrontar la pobreza energética, principalmente a partir de la aplicación del bono social.

+ Información: En la noticia del "El Periódico" >>> http://bit.ly/2iUgPQx

miércoles, 29 de noviembre de 2017

TIRÓN DE OREJAS DE LA ONU A ESPAÑA QUE DEBERÁ CUMPLIR UN MANDATO SOBRE VIVIENDA ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

El dictamen de la ONU condena la política española de vivienda e insta al Gobierno a modificarla, tomando las medidas necesarias para que la vivienda sea un derecho humano y no una mercancía más. Expresa que tratándose España de un país desarrollado, cuesta entender que no se hayan tomado medidas para actuar con eficacia cuando se cuenta con medios materiales para hacerlo.

En junio de este año, un Comité de la ONU resolvió que el Estado debe reparar económicamente a una familia desahuciada (que denunció ante las más altas instancias) y ofrecerle una vivienda. El Estado español tiene hasta el 20 de diciembre de 2017 para remitir a la ONU un plan que dé satisfacción a las exigencias en política de vivienda.
El dictamen incorpora cuatro mandatos con la intención de evitar que este tipo de violaciones se repitan.
- El primero promueve una reforma legal de calado que, ante cualquier posible desalojo, obligue a los jueces a valorar previamente las circunstancias personales de cada familia. 

- El segundo mandato expresa que antes de proceder a un desalojo sin alternativa habitacional deberá producirse una consulta real a las partes en litigio. 

- El tercer mandato exige un programa de mayor colaboración y sincronización entre juzgados y servicios sociales para que ante un desahucio se tomen las medidas preventivas y paliativas pertinentes. 

- El cuarto mandato de la ONU consiste en el diseño de un plan, en coordinación con las comunidades autónomas, de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables.

Es destacable que el Comité de la ONU se haya implicado en la valoración global de la política de vivienda de nuestro país.
El veredicto de la ONU trajo un soplo de optimismo en los movimientos de vivienda, al dictaminar por primera vez que un desalojo es una vulneración a un derecho humano, elevando así a tal categoría el derecho a la vivienda.

El Observatorio DESC explica que.el sistema judicial español no es garantista en este ámbito, simplemente porque no viene recogido en la ley. Afirman que se impone modificar esa cultura judicial que da por inexistentes los derechos sociales, recogidos genéricamente en la Constitución. Al no haber una ley que los valide, los magistrados se sienten amparados en su omisión. Este dictamen abre perspectivas esperanzadoras y ya está teniendo efectos en el ámbito nacional. De hecho, hay un número considerable de desahucios pendientes de ejecución a la espera de decisión de los tribunales de la UE.

Pero al mismo tiempo, la hostilidad del gobierno excede al ámbito jurídico. Como ejemplo el procesamiento de varios activistas por intentar impedir desahucios (se sigue produciendo un desahucio cada 12 minutos) 
La PAH ha impulsado leyes de vivienda garantistas en Catalunya, Murcia y Valencia que funcionaban, pero el Gobierno del PP las ha recurrido de forma sistemática, en todos los casos, el Gobierno central apeló al Tribunal Constitucional, consiguiendo que éste fallara a su favor, al hacer prevalecer la competencia estatal sobre las autonómicas en lo relativo al asunto, bajo el argumento de que el alquiler se trata de una “actividad económica general” y, por tanto, el garante final de su administración es el Estado central.

La conclusión es que se carece de legislación en el ámbito estatal –simplemente porque no se elabora- y tampoco tiene vigencia en el ámbito autonómico porque, cuando existe, el Gobierno central anula su aplicación por intermedio de recursos al Tribunal Constitucional.

Los grupos parlamentarios ahora tienen la oportunidad de hacer cumplir el dictamen de la ONU. Además, pueden cuestionar que el actual plan de vivienda gubernamental, que debería tener una dotación presupuestaria mucho mayor de la asignada, teniendo en cuenta que en los últimos años el Estado ha desinvertido en esta área, tan crítica, alrededor de un 70%.
Este dictamen es vinculante desde el punto de vista jurídico y el plazo culmina el 20 de diciembre. Y a partir de ahí el Comité de la ONU tendrá que analizar lo que el Estado eleve al organismo. Con esto es más fácil que los y las jueces asuman una nueva filosofía. Las entidades judiciales tendrán que ser interpeladas para incorporar este dictamen a sus prácticas, las que hagan falta para que España reconozca estos derechos y su aparato legal los garantice”.

jueves, 23 de noviembre de 2017

DE MOMENTO, LA BANCA GANA.

Hoy tenemos una mala noticia que dar a todas las personas afectadas por la hipoteca y engañadas por las entidades bancarias en general. La justicia da la razón a los bancos y estima que no existe timo en las hipotecas con interés IRPH, a pesar de que cada titular de una de estas hipotecas pagaba 1.200 euros más al año de hipoteca, como promedio.

La PAH consideramos que este índice es abusivo porque no se explicó con suficiente claridad a la gente en qué consistía, muchos no sabían lo que estaban contratando. Les vendían que era un índice más estable, pero lo era en el sentido de que nunca caía... se promediaba de forma que cuando unos componentes disminuían, se compensaba subiendo otros. Asi, mientras el Euribor comenzó a bajar, el IRPH nunca lo hizo.

Esperaremos a ver la sentencia definitiva pero de momento, la banca gana.

Más información: En el periódico digital >>> 20minutos.es

martes, 21 de noviembre de 2017

JORNADAS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA (Universidad de Valladolid)

El pasado viernes 17 de noviembre de 2017, de 19:30 a 21:30 horas, la Plataforma Antidesahucios de Palencia participó junto a Amnistía Internacional en una mesa redonda sobre el derecho a la vivienda en la facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 

El intercambio fue muy sustancioso dada la composición de la mesa: 
En primer lugar, Javier Regueira presentó el último informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la vivienda.
Después el juez Nacho Martín habló sobre las dificultades que se encuentran en el ejercicio de este derecho aportando soluciones, como por ejemplo la posibilidad de llevar a cabo actos de conciliación entre las partes y no realizar la ejecución de los desahucios de forma tan inmediata como hasta el momento se hace.
A continuación, César Villota y Miguel Morchón de las Plataformas antidesahucios de Palencia y Valladolid, respectivamente, hablaron sobre cómo se organizan en asambleas, actos de calle y acompañamiento a negociar con las entidades bancarias, asi como de los logros obtenidos, por ejemplo el conseguir que se convoquen las Mesas Locales de Vivienda, entre otros asuntos. 
Todo ello, moderado por el director del Observatorio de Derechos Humanos de la UVA, Javier García.

Por último, el debate y las preguntas finales nos hicieron más conscientes de las dificultades reales, se habló de las causas de estas ejecuciones y abusos, señalando la ausencia de medidas contra la falta de empleo y la precariedad laboral así como de la pobreza energética, entre otros temas.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

La PAH Palencia solicita convocar la mesa de la vivienda con carácter de muy urgente.

La Plataforma Antidesahucios de Palencia solicita reunión urgente de la Mesa de Vivienda en las próximas dos o tres semanas, para dar de una vez solución a varios casos enquistados. La última reunión fue el pasado 17 de Mayo de 2017, y desde entonces no se ha avanzado nada, sigue habiendo 4 situaciones urgentes que un año después continúan sin ser resueltas, pero conocemos  varias familias más con problemas de falta de ingresos que también necesitan acceso a un alquiler digno y económicamente asequible.   
Como ya expresamos el pasado jueves 19 de octubre de 2017, en el Pleno del Ayuntamiento, el acceso a una vivienda digna con bajo alquiler, accesible a familias y personas con ingresos reducidos, es muy complicado en la ciudad de Palencia. Los alquileres por debajo de 350 € son prácticamente inexistentes, o si los hay, se trata de pisos con muchas deficiencias.
Hay muchas cosas que se pueden hacer. Una solución sería la creación de un parque municipal de viviendas de alquiler social para atender aquellas personas que no pueden satisfacer su necesidad de vivienda en el mercado libre, ni tampoco mediante los mecanismos para acceso a alquiler de vivienda de protección pública. Es decir, solicitamos abrir una tercera vía que ya se está aplicando en ayuntamientos como el de Segovia o León, firmando convenios de colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (quien tiene 1.600 pisos en todo Castilla y León). 
Estos convenios mejorarán la gestión coordinada del parque público de viviendas, implicando que los CEAS municipales funcionen como una ventanilla única que facilita a las personas en riesgo de exclusión social el acceso a pisos con una mayor rapidez en la gestión y sin tener que acudir a otra instancia u oficina que no sea el CEAS.

Otra ventaja de este convenio es que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene informados a los servicios sociales sobre el número de viviendas disponibles, información que se trasladará a los interesados y a la Plataforma Antidesahucios, dándoles el asesoramiento y la orientación profesional que necesitan para formalizar la solicitud.
Recordamos que la creación de un parque público de viviendas es un servicio de interés general y debe nutrirse de viviendas cedidas por la Sareb, además de otras propiedades como las de Somacyl o de la Administración autonómica y el ayuntamiento, como ya se está haciendo en otras ciudades.
Por otro lado, PAH Palencia quiere saber los criterios de adjudicación de viviendas y qué va a hacer Fomento con los 2.235 solicitantes que cumplen todos los requisitos pero que sin embargo se quedarán sin acceso a una vivienda de alquiler social.
Por terminar con un ejemplo que demuestra que Sí se puede: en la ciudad de Segovia hay disponibles 300 viviendas en alquiler social, entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento.