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sanitaria en relación al Covid-19 / Coronavirus.

sábado, 30 de mayo de 2020

Ingreso muy por debajo del Mínimo Vital.

El Ingreso Mínimo Vital que aprobó el Gobierno de España es una prestación que supone una medida de justicia social y eficiencia económica en nuestro país, sin embargo hará falta mucho más.
Es un primer paso, pero por si sola es ineficaz e insuficiente, tal y como diversos colectivos sociales vienen advirtiendo desde el inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria. Las administraciones públicas en España, dedican alrededor de 18.000 millones de euros a las prestaciones no contributivas o asistenciales (rentas mínimas, subsidios por desempleo, PNC, etc). Las rentas mínimas de las CC.AA. similares a la propuesta del Gobierno, están dotadas con unos 1.500 millones de euros que como viene denunciando la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, solo cubren al 7’6% de la población que en nuestro país vive por debajo del umbral de la pobreza.

Se prevé que la dotación del IMV sea de 3.000 millones, cifra que está lejos del compromiso electoral de las dos fuerzas políticas que componen el Gobierno, 6.000 millones (Ingreso Mínimo Vital-PSOE) y 10.000 millones (Ingreso Básico Garantizado-Unidas Podemos) respectivamente. Constituye una afrenta a las personas que sufren el paro, la pobreza o la precariedad, que las cantidades que se indican ahora, tras la gigantesca crisis socio-sanitaria del coronavirus, estén muy por debajo de lo prometido.

Pretender que, en las circunstancias derivadas del confinamiento, con millones de personas despedidas, sin la válvula de escape que supone la economía sumergida (el 22% de la economía española) y con la situación de pobreza o exclusión social que ya afectaba antes de la crisis a un 26% de la población, se pueda hacer frente con este ingreso mínimo es un disparate.

Por otro lado las condiciones que se tienen que cumplir para recibir tanto el IMV como el resto de rentas condicionadas, señalan el carácter restrictivo con el que se conciben estas ayudas. En el caso de la propuesta del Gobierno el principal requisito es que los ingresos mensuales de la unidad familiar que opta a la prestación sean inferiores a la cuantía de ayuda que le correspondería. Así, una persona podrá acceder a esta ayuda si tiene un ingreso por debajo de los 230 euros; pero también podrá hacerlo en función de la renta del hogar siempre y cuando la media de ingresos de cada individuo está por debajo de los 450 euros. Se ha publicado en prensa que esta dotación podrá ser compatible con otras prestaciones autonómicas y que se dará un incentivo, aún por determinar, a quienes logren otros ingresos. ¿Qué ocurre entonces con aquellas personas que trabajan ‘por suerte’ un cuarto o media jornada laboral y por lo tanto no puedan acceder a la ayuda, cuando sabemos que incluso quienes trabajan a jornada completa tienen salarios que no les permiten llegar a final de mes? ¿Qué ocurre con aquellas que reciben una prestación no contributiva o ayuda familiar que tampoco les permite vivir dignamente?
En resumen, es una renta mínima miserable y miserabilista.

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