El Decreto Ley de medidas urgentes de acceso a la vivienda del govern catalán da sus primeros frutos. Para cuando en Castilla y León?
Estamos de enhorabuena por la reciente decisión de una juez de Barcelona de paralizar el desahucio de seis familias que ocupan, en base al mencionado decreto. Es el primer lanzamiento que se frena en Barcelona como consecuencia de esta normativa en vigor desde el pasado 23 de diciembre y que, entre otras medidas, no permite a grandes tenedores desahuciar a personas que estén ocupando desde hace más de seis meses una vivienda de forma ilegal y que estén en situación de exclusión residencial. Asimismo, obliga a estos grandes propietarios a ofrecer un alquiler social de entre cinco y siete años a los inquilinos ocupas.
Este decreto ley da herramientas a los ayuntamientos para forzar a grandes tenedores –entidades bancarias, fondos de inversión, carteras de gestión– y facilita soluciones a las familias que están en situación vulnerable y tienen difícil encontrar un lugar en el que vivir. En cuanto al que pueda provocar efecto llamada y generar más ocupaciones ilegales, no ocurrirá porque se ha de acreditar que los servicios municipales han determinado la situación de vulnerabilidad. Además, es una manera de corresponder cajas y bancos por el rescate bancario recibido y aportar para intentar frenar los desahucios.
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