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miércoles, 27 de mayo de 2015

El Tribunal Constitucional vuelve a poner el interés económico de la Banca por encima de los DDHH.

El Tribunal Constitucional ha decidido anular parcialmente el decreto-ley andaluz que pretendía asegurar el uso social de la vivienda expropiando las viviendas vacías en manos de los bancos.
El artículo que establecía para el propietario de una vivienda “el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” cumpliendo así con el artículo 47 de la Constitución española, ha sido anulado por el TC argumentando que obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica del Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios y promover el mercado hipotecario. Es decir, el TC haciéndole el juego al PP, vuelve a poner el interés económico de la Banca por encima de los DDHH.
Esta decisión ni siquiera está argumentada, es decir, se toma por un mero formalismo y en ningún momento se explica como el decreto puede “obstaculizar las medidas del gobierno”. ¿Cómo se entiende que pedir que se cumpla un artículo de la Constitución puede ser considerado anticonstitucional? y además ¿qué medidas del gobierno puede obstaculizar? si, como venimos denunciando desde hace tiempo, el gobierno no hace más que poner parches sin enfrentar el problema de emergencia habitacional que sufrimos en nuestro país.
Por otro lado, que el TC en su sentencia afirme que la norma autonómica “interfiere” en las medidas estatales de política económica, es preocupante, ya que cuestiona la división de poderes y deja al TC como un instrumento más del gobierno de Mariano Rajoy.
Una vez más nos encontramos que, amparados en leyes injustas y que protegen a los bancos y no a las personas en España, se sigue legislando contra el sentido común y los Derechos Humanos, a pesar de que los Tribunales Europeos siguen desacreditándolas una y otra vez. Por eso, mientras las instituciones sigan ciegas ante el problema de acceso a la vivienda, o tengan las manos atadas por decisiones como la del Constitucional, cobra cada día más sentido la Obra Social de la PAH, con la que ya se ha realojado a más de 2500 personas en viviendas vacías de bancos como respuesta al desamparo habitacional en el que está la población; hecho que se agrava cuando la banca, el PP y el TC desactivan una de las palancas para superar la emergencia habitacional: la movilización de la vivienda vacía a través de leyes autonómicas para que cumpla la función social que marca la Constitución.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, invitamos a los tribunales, jueces, gobiernos y administraciones en general a que actúen respetando a las personas y su derecho a una vivienda digna y llamamos a la desobediencia institucional frente a estas leyes y resoluciones injustas que lo impiden. 
¡Sí Se Puede!

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