El dictamen de la ONU condena la política española de vivienda e insta al Gobierno a modificarla, tomando las medidas necesarias para que la vivienda sea un derecho humano y no una mercancía más. Expresa que tratándose España de un país desarrollado, cuesta entender que no se hayan tomado medidas para actuar con eficacia cuando se cuenta con medios materiales para hacerlo.
En junio de este año, un Comité de la ONU resolvió que el Estado debe reparar económicamente a una familia desahuciada (que denunció ante las más altas instancias) y ofrecerle una vivienda. El Estado español tiene hasta el 20 de diciembre de 2017 para remitir a la ONU un plan que dé satisfacción a las exigencias en política de vivienda.
El dictamen incorpora cuatro mandatos con la intención de evitar que este tipo de violaciones se repitan.
- El primero promueve una reforma legal de calado que, ante cualquier posible desalojo, obligue a los jueces a valorar previamente las circunstancias personales de cada familia.
- El segundo mandato expresa que antes de proceder a un desalojo sin alternativa habitacional deberá producirse una consulta real a las partes en litigio.
- El tercer mandato exige un programa de mayor colaboración y sincronización entre juzgados y servicios sociales para que ante un desahucio se tomen las medidas preventivas y paliativas pertinentes.
- El cuarto mandato de la ONU consiste en el diseño de un plan, en coordinación con las comunidades autónomas, de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables.
Es destacable que el Comité de la ONU se haya implicado en la valoración global de la política de vivienda de nuestro país.
El veredicto de la ONU trajo un soplo de optimismo en los movimientos de vivienda, al dictaminar por primera vez que un desalojo es una vulneración a un derecho humano, elevando así a tal categoría el derecho a la vivienda.
El Observatorio DESC explica que.el sistema judicial español no es garantista en este ámbito, simplemente porque no viene recogido en la ley. Afirman que se impone modificar esa cultura judicial que da por inexistentes los derechos sociales, recogidos genéricamente en la Constitución. Al no haber una ley que los valide, los magistrados se sienten amparados en su omisión. Este dictamen abre perspectivas esperanzadoras y ya está teniendo efectos en el ámbito nacional. De hecho, hay un número considerable de desahucios pendientes de ejecución a la espera de decisión de los tribunales de la UE.
Pero al mismo tiempo, la hostilidad del gobierno excede al ámbito jurídico. Como ejemplo el procesamiento de varios activistas por intentar impedir desahucios (se sigue produciendo un desahucio cada 12 minutos)
La PAH ha impulsado leyes de vivienda garantistas en Catalunya, Murcia y Valencia que funcionaban, pero el Gobierno del PP las ha recurrido de forma sistemática, en todos los casos, el Gobierno central apeló al Tribunal Constitucional, consiguiendo que éste fallara a su favor, al hacer prevalecer la competencia estatal sobre las autonómicas en lo relativo al asunto, bajo el argumento de que el alquiler se trata de una “actividad económica general” y, por tanto, el garante final de su administración es el Estado central.
La conclusión es que se carece de legislación en el ámbito estatal –simplemente porque no se elabora- y tampoco tiene vigencia en el ámbito autonómico porque, cuando existe, el Gobierno central anula su aplicación por intermedio de recursos al Tribunal Constitucional.
Los grupos parlamentarios ahora tienen la oportunidad de hacer cumplir el dictamen de la ONU. Además, pueden cuestionar que el actual plan de vivienda gubernamental, que debería tener una dotación presupuestaria mucho mayor de la asignada, teniendo en cuenta que en los últimos años el Estado ha desinvertido en esta área, tan crítica, alrededor de un 70%.
Este dictamen es vinculante desde el punto de vista jurídico y el plazo culmina el 20 de diciembre. Y a partir de ahí el Comité de la ONU tendrá que analizar lo que el Estado eleve al organismo. Con esto es más fácil que los y las jueces asuman una nueva filosofía. Las entidades judiciales tendrán que ser interpeladas para incorporar este dictamen a sus prácticas, las que hagan falta para que España reconozca estos derechos y su aparato legal los garantice”.
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