Las familias que están a punto de ser desahuciadas en España, se han encontrado en estos últimos meses con un nuevo aliado: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU se ha convertido en su último recurso para evitar el desalojo. En julio del 2017, este organismo condenó a España por no garantizar una alternativa habitacional en 2013 a la familia de Mohamed Ben Djazia. Tras ser desahuciado, él, su mujer y sus hijos de 8 meses y 2 años pasaron cuatro días durmiendo en un coche.
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La última resolución emitida por este organismo es del pasado 30 de julio. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos amparaba a una familia con dos niñas de 10 y 12 años, que reside ocupando un piso de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en San Martín de la Vega. El escrito se emitió 24 horas antes de la fecha programada para el lanzamiento.
El Comité DESC introduce un enfoque diferente al de la justicia española al posicionarse sobre estos casos. La ONU toma la perspectiva de la declaración universal de 1948 en la que se declara la vivienda como un derecho humano, mientras que nuestras administraciones generalmente no la entienden así. Los afectados recurren a esta institución una vez que les han denegado vivienda pública y han agotado la vía interna del recurso en los tribunales.
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