El Ayuntamiento de Barcelona será pionero en cobrar una multa a la compañía eléctrica Endesa por no cumplir la ley catalana de pobreza energética. Una primera sentencia ha dado la razón al consistorio y obliga a la empresa a pagar 10.001 euros por haber cortado el suministro a un hogar sin haber pedido antes un informe de riesgo de exclusión a los servicios sociales.
Hubo una rebaja en la multa por parte del juez, puesto que el ayuntamiento solicitaba 30.000€. Endesa alegó que tienen miles de clientes y "se les olvidó" preguntar a servicios sociales, a pesar de contar con una abundante plantilla de abogados... Ojalá los juzgados mostraran la misma condescendencia con la gente corriente.
¿Para cuando una ley como ésta a nivel estatal?
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