Tras enterarnos que la empresa pública ADIF ha puesto en venta 3 inmuebles, la pregunta es ¿por qué el Ministerio de Fomento no los declara para uso de emergencia habitacional? Máxime sabiendo el enorme deficit existente de alquileres sociales, en un país donde apenas el 2% de la vivienda lo es (frente al 20% de alquiler social en Europa) mientras que la demanda no deja de crecer.
En Castilla y León, cada año cientos de familias -que cumplen los requisitos y están al borde de la exclusión social- solicitan una vivienda asequible a la Administración. Pero apenas unas pocas de estas personas lo consiguen.
Basta de especular con viviendas públicas! Esos pisos de propiedad estatal deberían ponerse a disposición de la gente que más lo necesita, jovenes o familias sin recursos.
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