COMUNICADO DE DESAHUCIOS Y
SOBREENDEUDAMIENTO EN ESPAÑA.
El próximo sábado se
cumplen dos años desde la entrada en vigor del RD Ley 27/2012, de 15 de
noviembre, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios, cuya principal medida consistió en suspender dos años los
procedimientos de ejecución hipotecaria que afectaban a las familias en riesgo
de exclusión social y el mandato al
Gobierno para que emprendiera de manera inmediata, junto con el sector
financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a
ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su
vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.
Mediante la Ley 17/013, de 14 de
mayo , de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
se mantuvo la suspensión de los lanzamientos que ya se contemplaba en el RD Ley
de 2012, definiéndose los requisitos legales para considerar a una familia en
situación de riesgo de exclusión social en base a parámetros subjetivos,
niveles de renta (tres veces el IPREM) y la carga que implicara el pago de la
hipoteca.
Pese a ello, según los datos que
ha ofrecido recientemente el Ministerio de Economía, sólo unas 20.000 familias
españolas se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento,
incluyendo suspensiones de lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones
en pago, frente a los 346.784
lanzamientos que, según el C.G.P.J, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio
de 2014.
En
cuanto al Fondo Social de Vivienda, los 33 bancos que lo componen habían
aportado, a mes de enero de 2013, 6.000 viviendas, de las cuales siguen vacías
4.600, cuando según las mismas fuentes del C.G.P.J, desde ese mismo mes hasta
junio de 2014, han perdido su vivienda 104.430 familias.
Todos
estos datos confirman que, pese a los anuncios del gobierno, sigue sin
afrontarse una política global sobre la vivienda en España y la respuesta que
debe darse a las familias que, por causa del desempleo y la precariedad, no
pueden afrontar el pago de sus hipotecas o se mantienen en sus viviendas a
costa de sacrificios extremos, cuando, por el contrario, muchas de las
entidades que ofrecieron los préstamos hipotecarios llevando a cabo
agresivas prácticas bancarias despreciando el riesgo crediticio, han recibido
ingentes cantidades de dinero público y sus consejos de administración ofrecen
un lamentable espectáculo de falta de ética.
Por
ello, desde Jueces para la Democracia reiteramos una vez más la exigencia de
que se apruebe una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que permita a las
familias una segunda oportunidad mediante la renegociación de sus deudas,
imponiendo a las entidades bancarias, en su caso, medidas de reestructuración
y/o dación en pago, así como la necesidad de que el gobierno impulse un Fondo
Social que garantice efectivamente el derecho constitucional a una vivienda
digna.
De
otro modo, la prórroga de los lanzamientos, aunque pueda beneficiar
temporalmente a muchos ciudadanos en riesgo de exclusión, no hará sino demorar
la solución del problema y cronificar una situación de injusticia social, que
genera una gran bolsa de pobreza, y de cuyas causas profundas no son
responsables.
14
de noviembre de 2014.
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA.
Información obtenida de la web: http://www.juecesdemocracia.es
·
La asociación
judicial exige la aprobación de una norma que dé a las familias con problemas
hipotecarios una "segunda oportunidad" mediante la
"renegociación de sus deudas".
·
Critica que de las 6.000 viviendas
aportadas por diversos bancos al Fondo Social de Vivienda hasta enero de 2013
siguen vacías 4.600, cuando desde entonces a junio de este año "han
perdido su vivienda 104.430 familias"
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Jueces
para la Democracia pide una ley que permita salir a las familias de la presión
de la deuda.
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