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domingo, 4 de diciembre de 2016

Ordenan el desahucio de una octogenaria que avaló a su hijo.

Miembros de colectivos sociales acuden a frenar a la comisión judicial, que no se presenta.

03.12.2016

Hasta última hora del día hubo un grupúsculo haciendo guardia frente al portal de la finca, en la calle Tenor García Romero, esperando a la comisión que debía ejecutar el desahucio. Francisco Gutiérrez (48 años) aguardaba allí, arropado por su hijo y medio centenar de miembros de colectivos sociales como los Yayoflautas o Stop Desahucios, entre otros, para frenar el desalojamiento de su madre de 79 años, viuda y con serios problemas de salud, según describía el propio Gutiérrez.
Ordenan el desahucio de una octogenaria que avaló a su hijo.
Dos agentes de Policía esperaron durante más de una hora la llegada de la comisión judicial, que finalmente no se presentó. El propio Gutiérrez se dirigió poco antes de las dos de la tarde al juzgado para conocer si finalmente se había paralizado el proceso como, según su testimonio, había intentado su abogado durante toda la mañana. «Dicen que se mantiene la orden; es una situación del todo irregular», denunciaba el hijo de la afectada tras conocer que la orden seguía en pie. Por este motivo decidieron permanecer ante la vivienda durante la tarde.

La de ayer fue la cuarta vez que la magistrada encargada del caso ordenaba el desalojo de la vivienda, contaba Gutiérrez. Las tres anteriores se habían detenido en el juzgado. Para frenar el desalojo de su madre, como último recurso y tras varias alegaciones rechazadas por el tribunal, Gutiérrez se acogía el convenio suscrito el pasado 14 de noviembre por la Generalitat y el Consejo General del Poder Judicial cuyo objeto es proteger a quienes pueden perder su vivienda habitual y estén en «situación de especial vulnerabilidad o exclusión social».

Un préstamo envenenado.
El caso de Isabel López resulta paradigmático entre los que alimentan las listas de desahucios. El negocio de informática de su hijo cayó durante la crisis, provocando una sucesión de deudas por las que, en última instancia, este recurrió a un prestamista privado a través de una mediadora financiera. Isabel y su marido Domingo avalaron entonces el préstamo a su hijo, de 29.000 euros, con su propia vivienda. Los intereses de demora por el crédito podían llegar al 29 %. «Pero entonces yo no me di cuenta de todas las condiciones, que eran una barbaridad», relata Francisco Gutiérrez. La notaría acreditó un contrato que acabaría conduciendo a la familia al laberinto en el que se encuentran tres años después.

Desde entonces la vivienda ha pasado por un proceso de subasta tras el que los nuevos dueños ordenaron el lanzamiento. El año pasado, pocas semanas después de que llegara el primer comunicado de desalojo, Domingo Gutiérrez, padre de Francisco y marido de Isabel, falleció.

Ayer se esperaba por primera vez la aparición de una comisión judicial en la calle Tenor García, algo que tampoco le resulta nuevo a Francisco Gutiérrez. «Yo estoy en el mismo proceso. He recibido tres órdenes de desahucio y un día el conserje de mi edificio me llamó porque se había presentado allí el secretario judicial», narraba el afectado, casado y padre de dos hijos. «Si desahucian a mi madre, ella puede venir con nosotros, pero estamos casi en la misma situación», añadía.

Tras el rechazo de todos recursos presentados, Francisco Gutiérrez pidió ayuda a los diferentes colectivos para ejercer presión cuando llegara el secretario judicial. Entre pancartas contra el desahucio y mensajes de apoyo comenzaron ayer una espera que no saben cuánto durará.

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