El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas lanza un serio toque de atención al Gobierno español, por el desahucio de una mujer con seis hijos, cinco de ellos menores de edad. Establece que se violó el derecho a la vivienda por no considerar su situación vulnerable y por ello la administración no les dio ninguna alternativa para vivir y acabaron en albergues municipales. El dictamen del Comité de Derechos es tajante: España violó el derecho a la vivienda de una madre y sus hijos al no tener en cuenta la vulnerabilidad de la familia tras el desalojo.
La familia fue desahuciada el 20 de junio de 2018 en Carabanchel. Habían estado alquilando la casa a una persona que resultó no ser el verdadero propietario. El propietario era un banco (Bankia) que reclamó la vivienda. Este Comité pidió entonces que no se desalojara a la familia mientras se estudiaba su caso. Una petición que no se escuchó.
Según este comité de Naciones Unidas, el juzgado que decidió el desahucio no sopesóel derecho de la entidad financiera con las consecuencias que iba a tener esa medida para la familia. Y critica también que la Comunidad de Madrid no dejase a esta mujer solicitar una vivienda pública al considerla una okupa porque la situó así en un "callejón sin salida".
Para Javier Rubio, abogado de la familia, esta decisión implica que "se reconoce la violación del derecho a la vivienda por parte del Estado al no ofrecer ninguna vivienda alternativa a una familia con muchos niños en situación de vulnerabilidad cuando estaba ocupando una vivienda vacía de una entidad financiera".
Naciones Unidas pide ahora al Gobierno español que compense a la familia y la creación d un marco legal para impedir casos como éste en el futuro. Los 18 expertos de este Comité esperan que España responda en seis meses para explicar cómo ha implementado su decisión.
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