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martes, 3 de marzo de 2020

Las desastrosas políticas de vivienda en España, Castilla y León y Palencia.

España carece de una política de vivienda pública, en nuestro país no es posible pasar de un 1,5% de parque público de viviendas.
En contraste, por cuarto año consecutivo los inversores inmobiliarios -Bancos, fondos de inversión, fondos buitre y empresas del ladrillo- encadenaban otro récord anual de compras de activos inmobiliarios, según noticia de J.P. Morgan.
Esto no es casual, desde 1957 a la actualidad,  7 millones de viviendas pasaron de ser públicas a ser compradas por familias poderosas, hasta que en los años 90 con el boom del ladrillo se abre la veda a los bancos y fondos a través de unas políticas hipotecarias para generalizar el negocio. Buena parte del sistema económico español se ha basado estos últimos 30 años en la especulación inmobiliaria, lo cual solo es posible si previamente se destruye la vivienda pública del mismo modo que se hace con la sanidad, la educación o las pensiones públicas.
Las dos formas de acceder a la vivienda pública son a través de vivienda de protección oficial (pisos VPO) o mediante la compra de vivienda pública de manera directa.
En el año 2013, supimos por el Defensor del Pueblo que había 400.000 personas esperando una vivienda protegida de alquiler o compra, mientras que actualmente son 1.500.000 personas, es decir que la demanda no deja de crecer.

En Europa se ha luchado contra el problema de la especulación inmobiliaria mediante expropiación y compra de vivienda privada para cederla como pública, mediante la regulación de los alquileres y en general con políticas de creación de vivienda pública. Sin embargo en España es todo lo contrario, no solo no se toman medidas contra este problema sino que está a la cola europea en cuanto a creación de vivienda pública, solo por delante de precia, Chipre y Letonia. La expropiación de viviendas a fondos buitres se entiende como una política autoritaria frente al mercado y no se lleva a cabo, de esta forma tenemos la paradoja de que existen 3.500.000 pisos vacíos en España mientras que entre 2007 y 2016 hubo en total más de un millón de familias echadas de sus casas (datos del Consejo General del Poder Judicial)
La explosión de dicha burbuja unida a la precarización laboral y la pérdida social de derechos hizo que acceder a una compra o al alquiler de vivienda se convirtieran ambas en misión imposible, puesto que aquellos que hacían negocios especulando con la venta de pisos ahora lo hacen especulando con el alquiler de pisos, provocando una crisis social en ambas direcciones. Mientras que en las grandes ciudades el problema en los centros urbanos es que se "gentrifican" y encarecen muchísimo, en pequeñas ciudades como las de Castilla y León el problema es la especulación inmobiliaria unida a microsalarios, un nivel de vida bajo el umbral de la pobreza o una inexistente política de vivienda pública. Todo ello hace que sea imposible tanto comprar vivienda como tambien acceder al alquiler y por ello, la gente tiene que marcharse

En Palencia los desahucios por alquiler aumentaron un 12 % en 2019, por otro lado se calculan unos 8.000 pisos vacíos en toda la provincia, la inmensa mayoría en manos de bancos e inmobiliarias. Además siete de cada diez desahucios son motivados por no poder pagar el alquiler. En 2017 hubo 186 desahucios, en 2018 aumentaron a 216,  y en 2019 hasta septiembre hubo 1661 a los que aun falta sumar el último trimestre, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las medidas planteadas para supuestamente  favorecer el acceso a la vivienda han supuesto todo lo contrario. Un ejemplo es la SAREB, creada en agosto de 2012 por el gobierno como una herramienta para sanear parte de las cuentas  de la banca española, a través de sus activos inmobiliarios haciéndolo de dos formas distintas, la primera mediante el FROB que inyectó 20.000 millones de forma directa por orden del Estado y la segunda con un crédito europeo de hasta 50.000 millones de euros a devolver en 15 años. A cambio el Estado se hizo con un paquete inmobiliario de unos 250.000 pisos que los bancos no conseguían vender y al mismo Estado le resulta difícil deshacerse de ellos aún teniendo condiciones ventajosas y su propio aval. Debido a que no puede vender estos paquetes de pisos, el Estado toma la sorprendente decisión de volver a vendérselos a los bancos y como no lo puede hacer directamente, lo hace a través de las inmobiliarias de los bancos... de esta forma el Estado ha gastado más de 1000 millones € en desgravaciones de los propios bancos y en el pago de comisiones a las inmobiliarias bancarias. Con estas decisiones absurdas, el Estado ha devuelto 24.000 de los 60.000 millones, ha dado más poder a inmobiliarias y fondos buitres que están haciendo un negocio redondo a la espera de que estalle la nueva burbuja, y no solo no ha acabado con el problema de los pisos vacíos sino que lo ha agravado.

Políticas inútiles mientras que la realidad es que el precio de la vivienda de alquiler ha subido desde enero de 2019 hasta enero de 2020  un 8,3 en España, el 42 % de las familias tiene que hacer un sobreesfuerzo para pagar el alquiler y los jóvenes no pueden emanciparse ya que un alquiler medio les supone un 90% de su sueldo.
 también en Castilla y León las políticas de vivienda son de escasas a nulas, y lo mismo el Ayuntamiento de Palencia que sigue sin convocar la mesa de la vivienda y se niega a dar una alternativa habitacional a familias en riesgo de desahucio. El Ayuntamiento desde 2006 no ha facilitado ninguna VPO y la única forma que ha tenido a bien habilitar para cumplir las sentencias del sector 8 que han ido saliendo, fue comprar terrenos. Astudillo en 2014 o Aguilar de Campoo en 2018, por poner dos ejemplos, han conseguido de la Junta viviendas de protección oficial pero en Palencia no hay ninguna.
Por contra conocimos recientemente que el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado 20 nuevas viviendas de alquiler social a través de su programa de vivienda protegida. Esto deja claro que con voluntad política sí se puede.

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